Desde el informe en 2018 centrado en la acción exterior, el Tribunal de Cuentas Europeo ha constatado progresos claros en la transparencia de la financiación de la UE a las ONG en el ámbito de las políticas internas.
Entre las mejoras más destacadas figuran la puesta en marcha en 2022 de un sistema común de registro para los solicitantes de subvenciones, la definición legal de “ONG” reforzada por el Reglamento Financiero de septiembre de 2024 y el aumento de la fiabilidad y accesibilidad de los datos en el Sistema de Transparencia Financiera.
Además, la Comisión ha reforzado su gestión de los compromisos financieros (4 800 M € en subvenciones directas y 2 600 M € en fondos compartidos durante 2021-2023) y, desde mediados de 2023, ofrece sesiones de sensibilización para garantizar el respeto de los valores de la UE.
Sin embargo, persisten desafíos importantes. A día de hoy, no existe una visión global y unificada de cuánto, a quién y para qué se conceden fondos a las ONG: la clasificación basada en autodeclaración genera inconsistencias, la cobertura de receptores de segundo nivel es incompleta y las actualizaciones de datos siguen siendo poco frecuentes. Además, la verificación proactiva del respeto a los valores de la UE (democracia, Estado de Derecho y derechos humanos) continúa dependiendo en gran medida de las autodeclaraciones de las propias ONG, sin sistemas de evaluación basados en riesgos ni controles de la procedencia de sus financiaciones.
Adicionalmente, el tamaño de las ONG condiciona su capacidad de transparencia: las más grandes suelen contar con equipos y sistemas formales para reportar y auditar sus fondos, mientras que las más pequeñas, con recursos limitados y estructuras más informales y basada en voluntarios, necesitan apoyos (plantillas simplificadas, formación y herramientas TIC asequibles) que les permitan cumplir con estándares de publicación y rendición de cuentas al mismo nivel.
La hoja de ruta 2025-2029 ofrece oportunidades para reforzar la transparencia: la Comisión publicará directrices más claras sobre la clasificación de ONG (2025), explorará sistemas de verificación de valores basados en riesgos (2028) y exigirá la publicación centralizada de la información de gestión compartida (2028). Con estos instrumentos y el impulso de las tecnologías digitales, Europa puede consolidar una rendición de cuentas más sólida y accesible, fortaleciendo la confianza ciudadana y el papel esencial de las ONG en la construcción de un proyecto comunitario más transparente y participativo.
